EE.UU. cree no hay transparencia en Fondos de Pensiones en RD por mal manejo de bancos, según Wikileaks
Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las inversiones hechas con el dinero del Fondo de Pensiones han sido tema de debate durante años. Las propuestas han provocado preocupación para muchos, incluyendo la embajada de Estados Unidos en el país, que solicitó encarecidamente al Departamento de Estado que sus empleados norteamericanos no participaran en el Sistema de Seguridad Social debido a la falta de transparencia y el control de la banca dominicana.
El siguiente cable Wikileaks fechado con el # 35414 del 27 de junio del 2005 y presentado la noche de este lunes, el embajador Hans Hertell, quien también abordo el tema de los fraudes bancarios y la corrupción en general diciendo que es un modo de vida en República Dominicana.
En su análisis, la periodista Alicia Ortega comentó las razones que tuvieron los funcionarios estadounidenses para fomentar su desconfianza.
El cable confidencial dice “El gobierno norteamericano no debe invertir en el fondo de pensiones dominicano (AFP – Administradoras de Fondos de Pensiones) debido a la extremadamente alta posibilidad de perder los fondos debido al fraude y la corrupción.
“Las AFP en República Dominicana están controladas por bancos privados dominicanos. Los bancos dominicanos han estado sujetos a controles regulatorios poco estrictos que consistentemente han fallado en asegurar que los bancos cumplan con las leyes y regulaciones aplicables”, dice la trascripción.
Asimismo, explica que los bancos dominicanos no están constreñidos por los controles reguladores que limitan la inversión en industrias no relacionadas con los bancos. De hecho, las inversiones por parte de bancos dominicanos en medios de comunicación, compañías aseguradoras y empresas de valores es la norma en vez de la excepción.
“El dominio del sector bancario sobre los negocios en República Dominicana, conjuntamente con su omnipresente rol en las transacciones financieras del país, lo ha situado en una posición de gran poder en el país:”, añade el documento.
Esta posición de poder significa que la industria bancaria tiene influencia no solamente sobre los negocios relacionados con bancos e industrias, sino sobre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno también.
Según el cable diplomático la posición, poder e impunidad de la industria bancaria le permite hacer transacciones entre sí. Las acciones que normalmente serían llevadas a la acción judicial en Estados Unidos por abuso de información privilegiada y prácticas corruptas ocurren con frecuencia y forman parte de la práctica normal de hacer negocios.
“Someter el dinero de los contribuyentes estadounidenses y el futuro bienestar financiero de los empleados del gobierno norteamericano a dicho sistema sería negligente”, dice el cable.
La preocupación llega a tal punto que la trascripción dice que “Situar los Fondos de Pensiones en bancos dominicanos conociendo la historia de los bancos, la industria bancaria, la estructura regulatoria y el sistema judicial podría dejar al gobierno norteamericano expuesto a demandas por parte del personal que trabaja en el país”.
Al remontarse al 2003 y el colapso de tres bancos dice “En cada uno de los tres casos, los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos establecieron el método en el que los ejecutivos bancarios operaban “bancos clandestinos” detrás de una fachada de bancos reales.
En el fracaso de Baninter, se utilizaba una computadora noche tras noche para balancear y reconciliar un grupo de “segundos libros” para una entidad falsa que no existía. En esencia, Baninter imprimía su propio dinero diariamente.
Al descubrirse la treta, el Gobierno dominicano se dio cuenta de que el colapso del banco podría resultar desastroso para la economía dominicana y podría ser una señal de que otros bancos estarían haciendo chanchullos similares los cuales podrían también llevar a la bancarrota al país.
También determinó que el chanchullo de Baninter no era algo nuevo. El banco falso existía desde hacía por lo menos10 años.”
“Las conclusiones en el caso Baninter muestran que la estructura reguladora bancaria permitió el abuso de información privilegiada, un complejo fraude y la existencia de un banco totalmente falso durante diez años hasta que la trama de la pirámide finalmente colapsó sobre sí misma. El período de 10 años es significativo porque cubrió la administración de tres partidos distintos en el poder en República Dominicana”, expresa el documento.
Observando únicamente el colapso de Baninter, señala el documento, está claro que:
1) aunque las regulaciones para la supervisión de los bancos estaban establecidas, estas resultaron ineficaces.
2) que la mala administración de los bancos y el fraude no están limitados a un partido político en particular.
3) que el sistema judicial está todavía incapacitado para hacerle frente a los complejos casos de fraude y está sujeto a las presiones externas que garantizan que los casos bancarios no pasen por el sistema judicial. El gobierno norteamericano no debe invertir el fondo de pensiones de sus empleados en un sistema que tiene fallas tan graves.
El cable asegura que “Si estas prácticas estuvieran limitadas a un banco, tal vez el banco podría considerarse una anomalía – un problema pasajero en la pantalla o un error que el gobierno dominicano buscaba corregir. Sin embargo, tres importantes bancos colapsaron en 2003, no sólo Baninter, costando eventualmente el equivalente al 20% del PBI. Bancredito y Banco Mercantil estaban involucrados en tramas similares a la del “banco falso” que llevaron a su colapso y eventual venta y adquisición”.
Hertell critica que más de año y medio después de que se presentaran acusaciones contra sies personas del Baninter, el juicio no había iniciado. Igualmente dice que en los casos de Bancredito y el Mercantil, “la justicia se movilizó más lentamente aún, tan lentamente que no se percibe ningún movimiento”.
Al hablar del rescate de los ahorrantes del Baninter el cable asegura que “Debido al fracaso del sistema regulador en detectar las actividades fraudulentas y criminales de tres de sus bancos, el Banco Central se puso a sí mismo en una situación precaria.
El gobernador del Banco Central dijo que si esa entidad no garantizaba los depósitos en los bancos colapsados más allá de las garantías requeridas por la ley, habría un pánico bancario.
Así que, en violación de las leyes locales, asegura el documento, justificado por el pobre pretexto de que las regulaciones de implementación aún no habían sido publicadas, el Banco Central y el Gobierno dominicano asumieron la responsabilidad y pagaron el 100% de los depósitos.
Al explicar su preocupación el documento detalla que en general, cuatro entidades principales regulan el sector financiero dominicano: la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones.
Los bancos controlan las AFP (Superintendencia de Pensiones), los bancos son dueños de compañías de seguros (Superintendencia de Seguros), los bancos controlan la mayoría de los puestos en canje de valores (Superintendencia de Valores) y los bancos se reportan a la Superintendencia de Bancos.
Asimismo, explica que la Superintendencia de Pensiones sugirió que los fondos de las AFP sean utilizados para ayudar a financiar al endeudado e ineficaz sector energético. Con los largos apagones diarios en partes del país y la deuda que tiene el Gobierno con las principales compañías de electricidad totalizando los cientos de millones de dólares, el sector energético continúa luchando. Es visto por la mayoría como un barril sin fondo financiero; invertir en este sector es como invertir en las mesas de blackjack con pocas probabilidades de que los productores peguen en el 21 en un futuro cercano.
Dice también que el Superintendente de Pensiones también sugirió que los Fondos de Pensiones sean utilizados para financiar hipotecas, una inversión que no está permitida bajo las regulaciones de la seguridad social.
“Como ejemplo de cómo las AFP están sujetas a la malversación por parte de entidades públicas y privadas, la Junta Monetaria votó para ordenarles a las AFP que inviertan en certificados de depósito del Banco Central. Esta medida se hizo en un esfuerzo para utilizar los fondos de las AFP para pagar los certificados adquiridos por el Banco Central cuando rescató a Baninter, que son, en esencia, certificados de depósito privados que vencen próximamente. La medida contravino directamente la ley de Seguro Social, que no establece que certificados de depósitos del Banco Central”, asegura el documento diplomático.
Al hablar de la corrupción en general, el cable dice “Los bajos puntajes en clasificaciones internacionales sobre corrupción no se comparan con ver y escuchar sobre corrupción diariamente. El actual fiscal del Distrito en Santo Domingo estuvo en las noticias recientemente cuando se descubrió que estaba manejando una “yipeta” que había sido reportada como robada en Estados Unidos”.
Hertell también indica que “Tenemos información de entera credibilidad de que el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia acepta sobornos. Sabemos que miembros de los cuerpos militares y la policía están involucrados en el contrabando de drogas y personas. Solicitamos, y recibimos, la aprobación del Departamento para que se revoquen las visas de altos funcionarios del Gobierno”.
Afirma que el diplomático monitoreaba de cerca los casos de corrupción en proceso con la esperanza de que tendrán más éxito que previos casos que han sido llevados ante los tribunales dominicanos.
En un estudio financiado por la USAID, una organización de la sociedad civil dominicana documentó 227 casos de corrupción que entraron al sistema judicial entre 1983 y 2003. De esos casos, sólo uno resultó en una condena (que luego fue desestimada en apelación) y solamente seis fueron llevados a juicio.
En conclusión dice el documento “Las AFP en República Dominicana ponen extremo riesgo el dinero de los contribuyentes norteamericanos y el futuro del bienestar financiero de los empleados del gobierno norteamericano.
La corrupción, las transacciones entre sí, abuso de información privilegiada y la no transparencia de las entidades reguladoras garantizan que el dinero de los contribuyentes norteamericanos será desviado de una forma u otra por las prácticas empresariales inescrupulosas y potencialmente criminales.
El gobierno norteamericano no debe invertir sus fondos en tal sistema. La embajada en Santo Domingo reitera su solicitud para ponerle fin a plan de pensiones actual y solicita la anuencia del Departamento para situar los dineros de la pensión del personal local en fondos de pensiones ubicados en Estados Unidos.
